Como continuación del post que publicamos a finales de 2012 sobre El apoyo a la agricultura y los mercados internacionales, publicamos la presente actualización que recoge los últimos datos disponibles.

En el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se distingue entre los programas de ayuda que estimulan directamente la producción y aquellos que se considera no tienen un efecto directo. Así, se acordó reducir las políticas nacionales que tienen efectos en la producción y el comercio (la llamada “caja amarilla”). Los Miembros de la OMC calculan la magnitud de la ayuda de este tipo que prestan anualmente al sector de la agricultura (utilizando una fórmula denominada Medida Global de la Ayuda Total o MGA Total) tomando como base el período 1986-88.

Por otra parte, están permitidos ciertos pagos directos a los agricultores en casos en que se les exija limitar la producción (“compartimento azul”).  El Acuerdo define la “caja azul” como pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción si se basan en superficies y rendimientos fijos o si se realizan con respecto al 85% o menos del nivel de producción de base o si, en el caso de pagos a la ganadería, se conceden a un número de cabezas fijo.

Las medidas que tienen efectos mínimos en el comercio se pueden aplicar libremente y están incluidas en el “compartimento verde”.

La última notificación de ayuda interna presentada por la delegación de la Unión Europea en la OMC (G/AG/N/EU/20) contempla la campaña de comercialización 2011/2012 y a partir de ella hemos elaborado el siguiente cuadro.

Observamos que la UE ya tiene el 88% de su ayuda interna en el “compartimento verde” y que la MGA Total se ha reducido a 6.859 millones €, muy por debajo del compromiso establecido en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC de 72.244 millones €.  El apoyo interno en la UE se ha transformado paulatinamente a lo largo del tiempo hacia las medidas “verdes”, tal como observamos en la siguiente gráfica.

Pero ¿Qué está sucediendo en otros países?

Es significativo el incremento de la ayuda total a la agricultura durante los últimos años en EEUU y China, notificada como "compartimento verde" (China no ha adquirido ningún compromiso en materia de MGA).  Contrasta con la tendencia a la baja de la ayuda agrícola total en la UE, lo que nos indica que las prioridades políticas en materia de agricultura son mucho más firmes en EEUU y China que en la UE. La última reforma de la PAC supuso un recorte sin precedentes del presupuesto agrícola europeo, algo que no es compartido en otras partes del mundo.

Recientemente la Comisión Europea ha publicado un documento sobre “La implementación del nuevo sistema de pagos directos”, basado en las notificaciones realizadas por los Estados Miembros (EE.MM.).  Se trata de una presentación que aborda, de forma muy esquemática, las opciones de aplicación de la Reforma de la PAC que han elegido los distintos EE.MM.

El RPB es el nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción que sustituye al anterior Régimen de Pago Único (RPU).  España ha optado por una aplicación regional del nuevo RPB, para lo que finalmente ha establecido 50 regiones tomando la referencia de 2013 y considerando las siguientes orientaciones productivas: cultivo de secano, cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes.  Las regiones agrupan orientaciones productivas comarcales con similar potencial productivo.  Una de las características de este modelo es que las regiones son discontinuas, dibujando un mosaico o puzle, tal como podemos observar en la siguiente imagen.

Otra de las características de este modelo es su rigidez, ya que no permite ceder derechos del RPB entre distintas regiones, ni tampoco cambios de superficies entre regiones, aunque en dicha superficie se haya modificado la orientación productiva.  Asimismo, el sistema español ha buscado una convergencia atenuada, ya que los derechos de pago con valor por debajo del 60% de la media de la región, alcanzarán en 2019 ese 60%, a no ser que supongan pérdidas para los donantes superiores al 30% de sus importes.  De esta forma, el volumen de los importes afectados por la convergencia es muy bajo (menos del 6%).  Todo ello responde al objetivo político de “statu quo” o mantenimiento de las asignaciones establecidas con el Régimen de Pago Único.

¿Qué ha sucedido con el resto de países europeos?  ¿Cómo han decidido aplicar el nuevo RPB?  En este punto vamos a distinguir tres bloques:

1. Los Estados Miembros que han estado aplicando el Régimen de Pago Único por Superficie (RPUS) pueden optar por prorrogar dicho régimen hasta 2020.  Son los países del Centro y Este de Europa que ya utilizan un pago por hectárea con tasa plana.  Dichos países han hecho uso de esta opción y no adoptarán el nuevo RPB hasta 2021: Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Estonia, Letonia y Lituania (10).

2. Otro grupo de EE.MM. han optado por aplicar el nuevo RPB a través de una única región: Bélgica (Flandes y Valonia), Alemania (regional 2015-2018 y región única en 2019), Dinamarca, Irlanda, Francia (con la especificidad de Córcega), Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia y Suecia (14). 

3. Por último, los Estados que han realizado un aplicación regional del RPB son España (50 regiones), Grecia (Con tres regiones: pastos, cultivos herbáceos y cultivos leñosos), Finlandia (2 regiones) y Reino Unido (Inglaterra [3 regiones agronómicas], Gales [3 regiones], Escocia [3 regiones] e Irlanda del Norte [región única]) (4). 

Conclusión: el sistema español de aplicación del RPB no es homologable a lo implementado en ningún otro Estado Miembro, ya que el número de regiones resulta comparativamente desmesurado, a la vez que dicha delimitación resulta inexplicable desde cualquier perspectiva agronómica, administrativa o socio-económica.  Es un sistema que únicamente alcanza el éxito en su objetivo político principal: mantener el “statu quo”, es decir la actual distribución de los pagos directos.  Se puede observar que aquéllos países que ha optado por la regionalización aplican criterios agronómicos y administrativos claros que permiten comprender de forma sencilla e intuitiva las regiones delimitadas.

Esta situación deja a España muy mal situada de cara a la próxima reforma de la PAC y con dificultad para encontrar argumentos para frenar la implantación de una tasa plana en el futuro.  Por este motivo, sería aconsejable, una vez implantado el nuevo sistema de RPB, buscar la forma de revisar este sistema con un doble objetivo: simplificar el número de regiones y delimitar regiones agronómicas comprensibles.

A finales de 2012 publicamos una entrada en este blog en la que, en el apogeo de la crisis económica española, animábamos a recuperar el equilibrio perdido y no caer en la desmoralización y la desesperanza.  Era (y continua siendo) un momento para que todos arrimemos el hombro y, en nuestro caso, para subrayar la importancia que el sector agroalimentario está teniendo en la reciente evolución de la economía española.

Nuestro análisis tiene un enfoque exclusivamente macroeconómico y por lo tanto, resulta limitado para describir una realidad económica mucho más compleja.  Específicamente no abordamos las variables micro que mayor incidencia tienen en el bienestar de los ciudadanos como empleo, salarios o carga impositiva.  No podemos olvidar la importancia de restaurar el equilibrio en las variables microeconómicas para conseguir una mejora sostenible de nuestra situación económica.

Con los datos definitivos, en 2011 la Cuenta Financiera de la balanza de pagos del Reino de España supuso un mayor endeudamiento del país con el exterior, en cerca de 30.000 millones  €.  Este endeudamiento adicional, absorbido íntegramente como déficit público ponía a la economía española en una situación de riesgo ante las instituciones europeas e internacionales y ante los mercados financieros.

Por el contrario, los datos provisionales del Banco de España para el año 2013 nos muestran una situación muy diferente que podemos observar en el siguiente cuadro.-

     

       
En 2013 se ha producido una mejora muy importante de la Cuenta Financiera de la Balanza de Pagos, en más de 40.000 millones €, lo que significa que la economía española ya está en un proceso de devolución de sus deudas con el exterior.  Este hecho no ha pasado inadvertido para las instituciones internacionales y los mercados financieros y ha dado como fruto una significativa bajada de la prima de riesgo de nuestro país.  En cuanto a la balanza de mercancías, su mejora se explica, prácticamente por igual por una bajada de las importaciones y un incremento de las exportaciones.  No cabe duda que la forma más sana de mejorar este equilibrio es continuar la senda de incremento de las exportaciones, si bien, un descenso de las importaciones de ciertos productos de consumo también es bienvenido.
Llegados a este punto, tenemos que centrarnos en nuestro sector agroalimentario, cuya balanza comercial presenta una evolución sencillamente magnífica: el saldo en 2013 ha resultado positivo en casi 9.500 millones € y está previsto que en 2014 este saldo se acerque a los 12.000 millones €.
     
      
En este contexto sorprende la primera estimación de datos de evolución de la renta agraria para el año 2014: para 2014 supone una disminución respecto al año anterior (-7,1%) con una importante bajada de precios de la rama de producción vegetal (-9,8%).  Parece como si los agricultores y ganaderos españoles nunca terminaran de reestructurarse y de apretarse el cinturón.
Un interesante informe del Ministerio de Agricultura ha cuantificado la contribución del sistema agroalimentario a la economía española, incorporando en el mismo al sector agrario, la industria agroalimentaria y otras actividades intrínsecamente ligadas a ellas en los ámbitos industriales, de servicios, transporte, almacenamiento y distribución.  En concreto, el Valor Añadido Bruto (VAB) del sistema agroalimentario supondría alrededor del 8,4% del VAB total de la economía española y estaría generando unos 2,3 millones de empleos.  Por fases, la generación de VAB del sistema se distribuiría porcentualmente en: industria de insumos y servicios (9,7%), rama agraria (23,9%), industria agroalimentaria (25,1%), servicios de transporte (9,7%) y distribución comercial (31,5%).
Nos ha sorprendido que el valor que entregan a la economía española las tres principales ramas de la cadena agroalimentaria (agricultura, industria y distribución) es bastante equilibrado y sin embargo, la relación entre ellas, hasta este momento, no se ha basado en una relación que refleje el equilibrio que muestran estas magnitudes económicas.  ¿Cuándo los agricultores y ganaderos recibirán la parte del valor que les corresponde en el marco de la cadena agroalimentaria?
                 
             

El Acuerdo del Consejo Europeo de 7/8 febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (MFP 2014-20) culminó un debate de casi dos años, que se inició con una propuesta de la Comisión a mediados de 2011.  Lo que estaba en juego eran los fondos que dispondrá la Unión Europea para financiar sus políticas durante estos 7 años y en lo que respecta al sector agrario, la Política Agraria Común (PAC).  El debate ha continuado en España posteriormente, polemizando sobre si los agricultores españoles mantendrían en el futuro el mismo nivel de ayudas que recibieron en el periodo 2007-2013.

Lo primero que tenemos que decir es que el presupuesto comunitario total aprobado para 2014-2020 resulta, por primera vez, inferior al precedente.  Queda establecido en 960.000 millones € (precios de 2011) frente a los 994.000 millones del período 2007-2013.  Expresado en porcentaje de la Renta Nacional Bruta (RNB) comunitaria disminuye del 1,12% al 1%.  Este ajuste se hace recaer en su totalidad sobre la rúbrica 2 del presupuesto, dónde están los gastos agrícolas, que disminuye en 47.500 millones  €.  El resto de rúbricas del presupuesto comunitario ven incrementados los recursos disponibles.  Resulta desalentador comprobar cómo la Unión Europea no considera su agricultura un sector estratégico y la somete, con cada nuevo marco financiero, a mayores recortes, priorizando otras políticas.  Esto contrasta con la atención creciente que prestan a la agricultura y la alimentación otras potencias mundiales.

Fuente: Comunicado de Prensa del Consejo de la UE de 2-12-2013 (15259/13)

Una vez hechas las consideraciones anteriores, pasamos a analizar la rúbrica 2 del MFP 2014-20, crecimiento sostenible-recursos naturales, dentro de la que se encuadra la Política Agraria Común.  El Acuerdo del Consejo establece la continuidad del enfoque  en dos pilares de la PAC: Pilar 1-ayudas directas y gastos de mercado (277,9 bn €) y Pilar 2-desarrollo rural (84,9 bn €).

La comparación de las cifras entre los dos períodos de programación 2007-13 y 2014-20 se traduce en un ejercicio de una enorme complejidad, entre otros, por los motivos siguientes:

  • Los pagos directos se encuentran congelados en términos nominales y aunque la comparación que propone la Comisión Europea se establece en precios constantes de 2011, no ha habido nunca intención de actualizar estos pagos en base al incremento de la inflación.
  • Los nuevos EE.MM. del Este de Europa han incrementado sus pagos directos escalonadamente en el período 2007-13 y los continuarán aumentando en el caso de Bulgaria y Rumania hasta 2016.  También el MFP 2014-20 incluye a Croacia como Estado Miembro número 28 de la UE.
  • El ámbito de gasto de la PAC en ambos períodos es diferente, ya no financia ciertas medidas sanitarias y veterinarias (2,2 bn €) ni la ayuda a las personas más necesitadas (2,5 bn €).  En cambio, los agricultores ahora pueden acceder al Fondo Europeo de Globalización.
  • La modulación obligatoria ha transferido fondos desde el primer pilar al segundo pilar de la PAC, variando la estructura inicial de ambos pilares.
  • La reserva para crisis en el sector agrario, finalmente se ha incluido dentro de la rúbrica 2, lo que significa que si finalmente se utiliza este mecanismo, los pagos directos de los agricultores se recortarán usando el mecanismo de  disciplina presupuestaria.

El desglose de la rúbrica 2 en detalle se puede observar en la siguiente tabla suministrada por el Parlamento Europeo:

Fuente: PE – European Council Conclusions on the MFF 2014-2020 and tthe CAP

En su estudio, el Parlamento Europeo hace una comparativa a precios de 2011 entre el gasto en el ejercicio 2013 y el previsto para el ejercicio 2020.  De este cálculo obtiene que el gasto comprometido para ayudas directas y medidas de mercado en 2020 será un 13% inferior al de 2013.  En el caso de las medidas de desarrollo rural, el compromiso resulta un 18% menor.

En este informe, la reducción más significativa es la que afecta a los gastos de mercado (-40%).  Esta reducción solamente se podría considerar compensada en un sentido virtual a través de la creación de la reserva de crisis dentro de la rúbrica 2.

No obstante lo comentado anteriormente, desde algunos organismos y organizaciones hemos procedido a hacer un contraste entre ambos períodos de programación, comparando los 7 años del período anterior con el marco 2014-2020.

 * El MAGRAMA hace su estimación exclusivamente para ayudas directas y compara los compromisos 2014-20 con la ejecución real 2007-2012 y las previsiones 2013.

De la observación de la tabla anterior podemos concluir que las distintas estimaciones son bastante consistentes y nos muestran un importante descenso de los fondos agrícolas en términos constantes para el nuevo período.

A partir de aquí, el debate se ha centrado sobre el impacto en España de la reducción global del gasto agrario de la Unión Europea.  ¿Cómo va a afectar esta reducción a los pagos directos y de desarrollo rural que perciben los agricultores y ganaderos españoles?

Si tenemos en cuenta que las ayudas directas por hectárea en España se encuentran por debajo pero muy cerca del 90% de la media comunitaria, por el proceso de convergencia externa, se va a producir una pequeña ganancia de fondos de la PAC (3 €/Ha).  También el Acuerdo del Consejo Europeo establece una asignación directa a España de 500 millones € dentro del pilar del desarrollo rural.  De todas formas se trata de dos circunstancias que consolidan la posición española dentro de la redistribución de fondos entre los distintos EE.MM., pero que no suponen una ganancia neta significativa de fondos agrícolas.  En consecuencia, los fondos agrícolas en España (ayudas directas + desarrollo rural), según nuestros cálculos, descenderán para 2014-2020 un -12% en términos reales respecto al período actual de programación.  Como se trata de magnitudes teóricas (precios de 2011) y los períodos son de 7 años, al trasladarlas a magnitudes corrientes, que son las que realmente se utilizan para pagar a los agricultores cada año y utilizando un 2% de inflación, vemos que los fondos para España permanecen estables o incluso ligeramente al alza.

Estas proyecciones resultan congruentes con el cálculo efectuado por el Ministerio de Agricultura y que tenemos en la siguiente tabla.

Posteriormente, ha causado sorpresa la publicación del Reglamento 1181/2013 del Consejo de 19 de noviembre de 2013 que establece un porcentaje de ajuste de los pagos directos para el año 2013 del 2,45% (para los importes superiores a 2.000 €).  Estos importes se pagarán en 2014 dentro del nuevo marco financiero.  La Comisión lo justifica por la necesidad de respetar el sublímite del gasto  “mercado y pagos directos” para el ejercicio financiero 2014 y dotar la reserva para crisis incluida en la rúbrica 2 (424,5 millones €).   Se revela la necesidad de reducir 902,9 millones € de los pagos directos que pueden concederse a los agricultores europeos.

La aplicación en 2013 del mecanismo de disciplina financiera resulta muy ilustrativa, ya que en este año no hay ningún cambio en la política agraria respecto a años anteriores y lo único que varía es el régimen financiero al pagarse con el presupuesto 2014 del nuevo MFP 2014-2020.  Hasta este momento no se había aplicado nunca la disciplina financiera y por tanto, podemos concluir que con los fondos aprobados a partir de 2014 no es posible seguir pagando las actuales ayudas de la PAC por insuficiencia de fondos.  Es decir, no se mantiene el presupuesto en términos corrientes.  En cualquier caso, este análisis está hecho a escala europea y hay que tener en cuenta que la reserva de crisis, de no utilizarse, será reintegrada a los agricultores.

En conclusión, el montante de fondos agrícolas europeos, en términos corrientes, permanecerá estable en España durante los próximos 7 años (lo que equivale a un recorte en términos reales del -12%) y lo que resultará clave a partir de ahora es su aplicación, con el objetivo de favorecer una agricultura más dinámica, innovadora y profesional,…  Pero esto será objeto del próximo comentario.

El pasado 26 de junio de 2013, la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron el Acuerdo sobre la Reforma de la PAC Horizonte 2020, que en lo que se refiere al capítulo de ayudas directas no comenzará a aplicarse hasta el año 2015.  Respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea, el acuerdo final introduce una amplia flexibilidad para los EE.MM a la hora de la aplicación práctica de la Reforma, desnaturalizando el principio de “tasa plana” que tanta alarma causó en España.  A pesar de ello, no debemos olvidar que los conceptos territorial, medio ambiental, de austeridad y desregulador en los que el Comisario Ciolos basó su propuesta, permanecen en el acuerdo final.   En definitiva, en las negociaciones no se ha logrado cambiar el enfoque de la Reforma, sino solamente se ha conseguido más tiempo y mayor flexibilidad para alcanzar los objetivos propuestos.

Es precisamente el enfoque que asume la Reforma de la PAC, continuador de la línea de la Reforma de 2003, lo más preocupante para nosotros, ya que no incluye la contribución productiva, económica y social que hace que la agricultura sea un sector estratégico para Europa.  En la Reforma de 2003 no se pensó en los intereses de la agricultura y los agricultores europeos, sino en adaptar la política agraria europea para posibilitar el Acuerdo de la Ronda Doha de la OMC.  Ello ha conllevado un debilitamiento/desmantelamiento del sector agrario sin precedentes.  Nunca , como en los últimos años, se había producido una caída de las rentas agrarias de esta magnitud, nunca se habían perdido tantos empleos en la agricultura y nunca el diferencial entre los precios pagados por los agricultores por los insumos y los precios percibidos por sus productos se había ampliado tanto.

Paralelamente, desde su comienzo a finales de 2007, el mundo se encuentra en un entorno de crisis alimentaria que ha supuesto que se multipliquen por dos los índices nominales de precios de los alimentos y de las materias primas agrarias.   Pero los costes de producción de las explotaciones agrarias se han incrementado todavía en mayor medida, lo que explica el descenso de las rentas agrarias.  En el conjunto de nuestro Planeta crece la preocupación por la producción y el abastecimiento alimentario y la agricultura se considera cada vez más estratégica.  De cara al futuro, se prevé que los precios agrarios se mantengan firmes debido a una fuerte demanda con incrementos comparativamente menores de la producción (Véase OECD-FAO Agricultural Outlook).

Algunos países europeos y concretamente España, no podemos ignorar la vulnerabilidad que nos supone una situación de este tipo, agravada por la depresión económica que padecemos y por nuestra dependencia estructural de las principales materias primas agrícolas.

Por todo lo anterior, ante el inicio del debate para la aplicación de la Reforma de la PAC en España auspiciado por el Ministerio de Agricultura, es necesario no perder la ocasión de desarrollar una visión estratégica de la agricultura española y tomar las decisiones de aplicación de la Reforma de la PAC en coherencia con dichos principios.

A continuación, exponemos una modesta contribución a este debate.-

  • En España se desarrolla una agricultura enfocada a la producción de alimentos de alta calidad y valor añadido, destinados de forma directa al consumo humano, mientras somos deficitarios en materias primas agrícolas que debemos importar del exterior.   Es una agricultura en su mayor parte dependiente de los mercados y con una alta exigencia en calidad,  innovación y eficiencia productiva.  Estas producciones las efectúan explotaciones profesionales, productivas y preocupadas por la eficiencia y la calidad, en su mayor parte de carácter familiar y en permanente adaptación y modernización.  Junto a este tipo de explotaciones coexisten otras explotaciones a tiempo parcial, con escaso peso desde el punto de vista productivo, pero que contribuyen en determinados casos y regiones a la vitalidad de las zonas rurales.  

¿Deben los pagos directos destinarse prioritariamente a facilitar la viabilidad de las explotaciones productivas/profesionales?  ¿En qué medida las ayudas directas deben contribuir a sufragar los servicios multifuncionales de las explotaciones profesionales y a tiempo parcial? ¿Debemos continuar con pagos directos generalizados a todos los solicitantes, incluso para aquéllos que no son agricultores, como un complemento de renta generalizado de carácter más social que profesional?

  • Históricamente hemos denunciado que la PAC fue diseñada como una política a medida de los sectores agrarios continentales preponderantes en el Centro y Norte de Europa.  Los sectores mediterráneos siempre han quedado en un segundo lugar, con unos niveles de apoyo  muy inferiores a los continentales, cuando no excluidos de los pagos directos. Sin embargo, son estos sectores mediterráneos el estandarte de la producción agraria española.  Correspondiendo a ellos muchas de las explotaciones más productivas, profesionales y eficientes.  Ahora se nos presenta la oportunidad de incorporar completamente estos sectores al nuevo esquema de pagos directos de la PAC.  

¿Deberíamos aprovechar la oportunidad de incorporar estos sectores de forma integra en el nuevo esquema de pagos directos de la PAC y así darles carta de naturaleza junto al resto de sectores agrícolas y ganaderos?  ¿Es una oportunidad para equiparar sectores mediterráneos y continentales en el marco de la PAC?   ¿Cuál es la fórmula para que los profesionales de estos sectores tengan un tratamiento equivalente al que se dispensa a sus colegas?

  • Si bien el enfoque de la Reforma de la PAC gira sobre un modelo territorial-ambiental, puede ser muy interesante explorar el margen para introducir las consideraciones de tipo económico, productivo y social que condicionan nuestra agricultura.  Para ello, el reglamento de la Reforma permite establecer regiones en base a criterios agronómicos, económicos o de potencial agrícola para la aplicación del nuevo régimen de pago básico.  En consecuencia podríamos diseñar regiones con características productivas y agronómicas análogas, aunque no se podrían diferenciar cultivos.  

¿Sobre qué características se deben diseñar dichas regiones?  ¿Sería conveniente que estas regiones fuesen coherentes y se pudiesen explicar desde el punto de vista agronómico/productivo (Ej. Pastos de montaña, secanos de la Meseta, regadíos del Guadiana)?  ¿O no importa que respondan a conceptos abstractos basados exclusivamente en un importe histórico de las ayudas?  ¿De cara al futuro, se podrá defender de la misma forma una región agronómica coherente que una región que responde a un concepto histórico cuantitativo abstracto?  ¿Debemos diseñar las regiones pensando en la PAC a partir de 2020 o simplemente, en base a un reparto de fondos sobre la base de la distribución actual?

  • En la propuesta de la Comisión Europea, el nuevo sistema de pago básico presentaba dos novedades fundamentales respecto al actual sistema de pago único, en primer lugar, el establecimiento de unos derechos de pago uniforme o “tasa plana” y en segundo lugar, la desaparición de las referencias históricas a través de un nuevo reparto de derechos.  Durante la negociación de esta propuesta, se ha conseguido flexibilizar estos principios y, en cierta forma, desnaturalizarlos.  No cabe duda que se trata de un éxito para una agricultura tan diversa como la española, en la que destaca la importancia del regadío.  No obstante, persiste el desafío de aplicar este nuevo régimen de ayudas, dentro de una política agraria común europea, que responda a una visión coherente de la actividad agraria y alcance un alto nivel de legitimidad.  Para ello, pensamos que nos debe inspirar el objetivo de garantizar la viabilidad económica y el mantenimiento del potencial productivo de todos los sectores agrícolas y ganaderos y de los diversos territorios y sistemas de producción.

¿Se conseguirá el objetivo anterior mediante la consolidación del actual sistema de pago único que se está aplicando en España?  ¿La consolidación del actual sistema de pago único o statu quo significa que la actual asignación de ayudas directas en España resulta óptima?  ¿El objetivo político de mantener el cheque de las CC.AA. es de mayor rango que la búsqueda de la viabilidad económica de todas las explotaciones y sectores agrícolas?

  • Los sectores ganaderos se encuentran por definición excluidos del nuevo régimen de pago básico.  Esto es así porque las ayudas se asignan a la hectárea y no a la cabaña ganadera.  De esta forma la ganadería accede a las ayudas de forma indirecta, a través de las hectáreas de pastos o cultivos destinados a la alimentación animal.  En consecuencia, la situación de los ganaderos con el nuevo régimen de pago básico será muy variable y dependerá fundamentalmente de la base territorial que acrediten.  Por otra parte, nuestro país es muy dependiente de la importación de materias primas destinadas a la alimentación animal, cereales y especialmente soja.  Es un desafío recurrente el incremento de la producción propia de cultivos proteicos destinados a la alimentación animal.   Asimismo, estamos buscando establecer vínculos que permitan un beneficio mutuo para los agricultores y ganaderos: mejora de la rentabilidad de las explotaciones, gestión del riesgo y beneficios medioambientales y sociales. 

¿Deberíamos restringir la asignación de derechos de pago básico sobre superficies de pastos exclusivamente para las explotaciones ganaderas, así como su posterior solicitud y cobro?  ¿Se debería priorizar la asignación de pagos acoplados a los sectores ganaderos?  ¿Se debería vincular el pago acoplado a los cultivos proteicos a su efectiva utilización en explotaciones ganaderas?

El debate continuará en los próximos meses.  Es importante que podamos avanzar sobre bases sólidas en el convencimiento que la agricultura es un sector estratégico.

La gravísima situación económica que atraviesa el país invita a no pocos de nosotros a la desmoralización y la desesperanza, en línea con el carácter pendular que nos caracteriza por estos lares.  Por este motivo, resulta imprescindible un análisis frio, con los datos desnudos, que nos indique exactamente dónde estamos y cuánto nos falta para recuperar el equilibrio perdido.  En estos tiempos, la economía de los países depende de la capacidad que tengan para mantener el equilibrio de todas las variables macro y micro que describen la actividad económica.  Este equilibrio es inestable y necesita ajustarse continuamente.

Por otra parte, tenemos que pensar en la aportación que podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar la situación actual y concretamente, en nuestro caso, en la gran contribución que está realizando el sector agroalimentario para reequilibrar las cuentas económicas y financieras del Estado.
Para analizar todo ello vamos a partir de las cifras macro que describen la economía real, cuya mejora es el camino más duro, pero también más realista y sostenible para mejorar nuestra situación económica.

> Empecemos por las cifras que nos facilita el Banco de España en relación a la Balanza de Pagos.


En el cuadro anterior tenemos una visión completa de la Balanza de Pagos en 2011 del conjunto del Estado, cuyo saldo por definición siempre es cero.  Para ello, la Cuenta Financiera equilibra la Balanza de Pagos, mejorando o empeorando la posición financiera del país.  En 2011, la posición financiera española ha empeorado en 35.760 millones €, lo que al final se ha traducido en un mayor endeudamiento del país con el exterior, principalmente público (teniendo en cuente además que el saldo de inversión extranjera directa  se ha comportado de forma negativa).  Este endeudamiento adicional, a unos tipos de interés más elevados implica un deterioro de la balanza por cuenta corriente (capítulo de rentas) generando un círculo vicioso.

Si como nos dicen nuestros socios comunitarios y las instituciones financieras internacionales, el cumplimiento de los objetivos de déficit público es esencial para ganar credibilidad y superar la crisis de financiación del Estado, resulta imprescindible avanzar en el reequilibrio de la balanza por cuenta corriente, para lo que necesitamos incrementar el cociente exportación/importación.  Para ello, se pueden reducir las importaciones (algo que ya ha sucedido y está sucediendo), con los consiguientes problemas en relación a algunos productos de demanda rígida (energía, insumos tecnológicos, etc.) o bien continuar la senda de incremento de las exportaciones.

Es en este punto dónde el sector agroalimentario está realizando una gran contribución, con el 13% de las exportaciones totales de mercancías en 2011 y saldo comercial positivo.  Este sector está aportando liquidez a la economía española cuando más se necesita y realizando una enorme contribución para superar la crisis económica.  Resulta paradójico que paralelamente el sector productor agrario se encuentre sometido a una fuerte crisis de rentas (principalmente por el incremento desmesurado de los costes de producción) y sin instrumentos para mejorar su posición en la cadena de valor agroalimentaria, a la vez que se ve sumergido en un mercado globalizado de productos agrarios sin instrumentos de estabilización.  Es necesario cuidar a los agricultores y ganaderos, sin ellos, todo lo anterior no sería posible.

Desde la Reforma de la PAC de 1992, la UE ha estado reduciendo su apoyo a los precios agrícolas y los pagos directos ligados a la producción. De tal forma que los precios internos europeos convergen progresivamente con los precios mundiales de las materias primas agrícolas.  Asimismo la ayuda interna notificada por la UE a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha reducido también considerablemente: en la campaña 2007, la UE ha notificado una Medida Global de Ayuda Total Corriente (MGA) de 12.354 millones €, cuando el límite comprometido es de 72.244 millones €.

Se puede observar en el gráfico anterior cómo la UE, a partir de 2004 con la puesta en marcha de la Reforma Intermedia de la PAC, ha ido transformando su “caja azul” (pagos por hectárea y cabeza de ganado) en “caja verde” (Régimen de Pago Único por explotación), es decir, medidas que según la OMC tienen efectos mínimos de distorsión sobre el comercio y se pueden aplicar libremente.  A su vez el apoyo ligado a los precios ha continuado descendiendo.  Cómo los últimos datos notificados corresponden a 2007 no contemplan el comienzo de la crisis alimentaria y la consiguiente subida de precios de las materias primas agrarias que continúa hoy día.  Por tanto, la actual MGA Total Corriente de la UE sería en el ejercicio actual muy inferior a los 12.354 millones € notificados en 2007.  En consecuencia, la UE tiene un margen de más de 50.000 millones € para articular libremente el apoyo a la agricultura dentro de los compromisos suscritos en la OMC.


Vistos estos datos, resulta sorprendente la insistencia de algunas instituciones comunitarias, a pesar de que la Ronda Doha de la OMC está bloqueada, en supeditar la actual Reforma de la PAC a un encuadre estricto de cualquier apoyo a la agricultura dentro de la “caja verde” de la OMC.  Nos referimos concretamente a un elemento esencial de la Reforma de la PAC 2013, la definición de agricultor activo.  Para España resulta esencial que los apoyos se focalicen en la agricultura productiva y profesional, que en los últimos años sufre una fuerte crisis que está poniendo en peligro su viabilidad económica.  Tenemos más de 900.000 perceptores de pagos de la PAC, mientras países como Francia o Alemania no llegan a los 400.000.  Esto supone una distorsión importante que pone a nuestras explotaciones agrarias en inferioridad de condiciones respecto a las francesas y alemanas.


Así, la definición de agricultor activo que ha planteado la Comisión Europea en su propuesta de Reforma de la PAC es totalmente ineficaz, ya que no considera los ingresos que el agricultor obtiene de la actividad comercial agraria, porque según aduce, este requisito infligiría el criterio exigido en la “caja verde” de la OMC.  Una definición muy sencilla es la correspondiente a agricultor profesional: alcanzar un umbral de ingresos de la actividad comercial agraria equivalente al 25% de los ingresos totales.  Definición que estamos utilizando para asignar algunas ayudas de desarrollo rural en el marco del segundo pilar de la PAC y que se declaran como “caja verde”.  En suma, entendemos que la definición de agricultor profesional no tiene por qué colisionar con los criterios de la “caja verde” de la OMC y así podría ser notificada sin mayor problema.  En todo caso, esta notificación debería ser impugnada por alguno de nuestros socios comerciales y considerada no conforme a los acuerdos por un panel de expertos, y aún así, estaríamos dentro del límite comprometido por la UE para su MGA Total Corriente.

Contrasta todo esto con la siguiente noticia aparecida recientemente (VER).  En ella se informa de que el Gobierno noruego se propone cambiar el actual arancel de tasa fija por Kg. a un sistema de aranceles de porcentajes variables según la cantidad que se quiera importar en los productos cárnicos y quesos.  Ello responde a una vieja reivindicación de los agricultores y ganaderos noruegos y se hace para favorecer a la producción nacional.  No cabe duda de que esto supone una marcha atrás en toda regla a los acuerdos de la OMC que establecieron el arancel consolidado y es una decisión no compatible con los acuerdos actuales. 


Además, la mayor parte de la MGA de Noruega adopta la forma de sostenimiento de los precios de mercado financiado por los consumidores, posibilidad que exprimen de forma casi completa hasta alcanzar una cifra de 9.650 millones de coronas sobre un límite 11.450.


Sorprendentemente todavía hay gobiernos dispuestos a proteger su sector productor agrario como un bien estratégico. Las protestas formales de la Comisión Europea han llegado a Oslo sin demora.