Recientemente la Comisión Europea ha publicado un documento sobre “La implementación del nuevo sistema de pagos directos”, basado en las notificaciones realizadas por los Estados Miembros (EE.MM.). Se trata de una presentación que aborda, de forma muy esquemática, las opciones de aplicación de la Reforma de la PAC que han elegido los distintos EE.MM.
El RPB es el nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción que sustituye al anterior Régimen de Pago Único (RPU). España ha optado por una aplicación regional del nuevo RPB, para lo que finalmente ha establecido 50 regiones tomando la referencia de 2013 y considerando las siguientes orientaciones productivas: cultivo de secano, cultivo de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes. Las regiones agrupan orientaciones productivas comarcales con similar potencial productivo. Una de las características de este modelo es que las regiones son discontinuas, dibujando un mosaico o puzle, tal como podemos observar en la siguiente imagen.
Otra de las características de este modelo es su rigidez, ya que no permite ceder derechos del RPB entre distintas regiones, ni tampoco cambios de superficies entre regiones, aunque en dicha superficie se haya modificado la orientación productiva. Asimismo, el sistema español ha buscado una convergencia atenuada, ya que los derechos de pago con valor por debajo del 60% de la media de la región, alcanzarán en 2019 ese 60%, a no ser que supongan pérdidas para los donantes superiores al 30% de sus importes. De esta forma, el volumen de los importes afectados por la convergencia es muy bajo (menos del 6%). Todo ello responde al objetivo político de “statu quo” o mantenimiento de las asignaciones establecidas con el Régimen de Pago Único.
¿Qué ha sucedido con el resto de países europeos? ¿Cómo han decidido aplicar el nuevo RPB? En este punto vamos a distinguir tres bloques:
1. Los Estados Miembros que han estado aplicando el Régimen de Pago Único por Superficie (RPUS) pueden optar por prorrogar dicho régimen hasta 2020. Son los países del Centro y Este de Europa que ya utilizan un pago por hectárea con tasa plana. Dichos países han hecho uso de esta opción y no adoptarán el nuevo RPB hasta 2021: Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Chipre, Estonia, Letonia y Lituania (10).
2. Otro grupo de EE.MM. han optado por aplicar el nuevo RPB a través de una única región: Bélgica (Flandes y Valonia), Alemania (regional 2015-2018 y región única en 2019), Dinamarca, Irlanda, Francia (con la especificidad de Córcega), Croacia, Italia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Portugal, Eslovenia y Suecia (14).
3. Por último, los Estados que han realizado un aplicación regional del RPB son España (50 regiones), Grecia (Con tres regiones: pastos, cultivos herbáceos y cultivos leñosos), Finlandia (2 regiones) y Reino Unido (Inglaterra [3 regiones agronómicas], Gales [3 regiones], Escocia [3 regiones] e Irlanda del Norte [región única]) (4).
Conclusión: el sistema español de aplicación del RPB no es homologable a lo implementado en ningún otro Estado Miembro, ya que el número de regiones resulta comparativamente desmesurado, a la vez que dicha delimitación resulta inexplicable desde cualquier perspectiva agronómica, administrativa o socio-económica. Es un sistema que únicamente alcanza el éxito en su objetivo político principal: mantener el “statu quo”, es decir la actual distribución de los pagos directos. Se puede observar que aquéllos países que ha optado por la regionalización aplican criterios agronómicos y administrativos claros que permiten comprender de forma sencilla e intuitiva las regiones delimitadas.
Esta situación deja a España muy mal situada de cara a la próxima reforma de la PAC y con dificultad para encontrar argumentos para frenar la implantación de una tasa plana en el futuro. Por este motivo, sería aconsejable, una vez implantado el nuevo sistema de RPB, buscar la forma de revisar este sistema con un doble objetivo: simplificar el número de regiones y delimitar regiones agronómicas comprensibles.
Desde la Reforma de la PAC de 1992, la UE ha estado reduciendo su apoyo a los precios agrícolas y los pagos directos ligados a la producción. De tal forma que los precios internos europeos convergen progresivamente con los precios mundiales de las materias primas agrícolas. Asimismo la ayuda interna notificada por la UE a la Organización Mundial del Comercio (OMC) se ha reducido también considerablemente: en la campaña 2007, la UE ha notificado una Medida Global de Ayuda Total Corriente (MGA) de 12.354 millones €, cuando el límite comprometido es de 72.244 millones €.
Se puede observar en el gráfico anterior cómo la UE, a partir de 2004 con la puesta en marcha de la Reforma Intermedia de la PAC, ha ido transformando su “caja azul” (pagos por hectárea y cabeza de ganado) en “caja verde” (Régimen de Pago Único por explotación), es decir, medidas que según la OMC tienen efectos mínimos de distorsión sobre el comercio y se pueden aplicar libremente. A su vez el apoyo ligado a los precios ha continuado descendiendo. Cómo los últimos datos notificados corresponden a 2007 no contemplan el comienzo de la crisis alimentaria y la consiguiente subida de precios de las materias primas agrarias que continúa hoy día. Por tanto, la actual MGA Total Corriente de la UE sería en el ejercicio actual muy inferior a los 12.354 millones € notificados en 2007. En consecuencia, la UE tiene un margen de más de 50.000 millones € para articular libremente el apoyo a la agricultura dentro de los compromisos suscritos en la OMC.
Vistos estos datos, resulta sorprendente la insistencia de algunas instituciones comunitarias, a pesar de que la Ronda Doha de la OMC está bloqueada, en supeditar la actual Reforma de la PAC a un encuadre estricto de cualquier apoyo a la agricultura dentro de la “caja verde” de la OMC. Nos referimos concretamente a un elemento esencial de la Reforma de la PAC 2013, la definición de agricultor activo. Para España resulta esencial que los apoyos se focalicen en la agricultura productiva y profesional, que en los últimos años sufre una fuerte crisis que está poniendo en peligro su viabilidad económica. Tenemos más de 900.000 perceptores de pagos de la PAC, mientras países como Francia o Alemania no llegan a los 400.000. Esto supone una distorsión importante que pone a nuestras explotaciones agrarias en inferioridad de condiciones respecto a las francesas y alemanas.
Así, la definición de agricultor activo que ha planteado la Comisión Europea en su propuesta de Reforma de la PAC es totalmente ineficaz, ya que no considera los ingresos que el agricultor obtiene de la actividad comercial agraria, porque según aduce, este requisito infligiría el criterio exigido en la “caja verde” de la OMC. Una definición muy sencilla es la correspondiente a agricultor profesional: alcanzar un umbral de ingresos de la actividad comercial agraria equivalente al 25% de los ingresos totales. Definición que estamos utilizando para asignar algunas ayudas de desarrollo rural en el marco del segundo pilar de la PAC y que se declaran como “caja verde”. En suma, entendemos que la definición de agricultor profesional no tiene por qué colisionar con los criterios de la “caja verde” de la OMC y así podría ser notificada sin mayor problema. En todo caso, esta notificación debería ser impugnada por alguno de nuestros socios comerciales y considerada no conforme a los acuerdos por un panel de expertos, y aún así, estaríamos dentro del límite comprometido por la UE para su MGA Total Corriente.
Contrasta todo esto con la siguiente noticia aparecida recientemente (VER). En ella se informa de que el Gobierno noruego se propone cambiar el actual arancel de tasa fija por Kg. a un sistema de aranceles de porcentajes variables según la cantidad que se quiera importar en los productos cárnicos y quesos. Ello responde a una vieja reivindicación de los agricultores y ganaderos noruegos y se hace para favorecer a la producción nacional. No cabe duda de que esto supone una marcha atrás en toda regla a los acuerdos de la OMC que establecieron el arancel consolidado y es una decisión no compatible con los acuerdos actuales.
Además, la mayor parte de la MGA de Noruega adopta la forma de sostenimiento de los precios de mercado financiado por los consumidores, posibilidad que exprimen de forma casi completa hasta alcanzar una cifra de 9.650 millones de coronas sobre un límite 11.450.
Sorprendentemente todavía hay gobiernos dispuestos a proteger su sector productor agrario como un bien estratégico. Las protestas formales de la Comisión Europea han llegado a Oslo sin demora.
Como continuación del post que publicamos a finales de 2012 sobre El apoyo a la agricultura y los mercados internacionales, publicamos la presente actualización que recoge los últimos datos disponibles.
En el Acuerdo sobre la Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se distingue entre los programas de ayuda que estimulan directamente la producción y aquellos que se considera no tienen un efecto directo. Así, se acordó reducir las políticas nacionales que tienen efectos en la producción y el comercio (la llamada “caja amarilla”). Los Miembros de la OMC calculan la magnitud de la ayuda de este tipo que prestan anualmente al sector de la agricultura (utilizando una fórmula denominada Medida Global de la Ayuda Total o MGA Total) tomando como base el período 1986-88.
Por otra parte, están permitidos ciertos pagos directos a los agricultores en casos en que se les exija limitar la producción (“compartimento azul”). El Acuerdo define la “caja azul” como pagos directos realizados en el marco de programas de limitación de la producción si se basan en superficies y rendimientos fijos o si se realizan con respecto al 85% o menos del nivel de producción de base o si, en el caso de pagos a la ganadería, se conceden a un número de cabezas fijo.
Las medidas que tienen efectos mínimos en el comercio se pueden aplicar libremente y están incluidas en el “compartimento verde”.
La última notificación de ayuda interna presentada por la delegación de la Unión Europea en la OMC (G/AG/N/EU/20) contempla la campaña de comercialización 2011/2012 y a partir de ella hemos elaborado el siguiente cuadro.
Observamos que la UE ya tiene el 88% de su ayuda interna en el “compartimento verde” y que la MGA Total se ha reducido a 6.859 millones €, muy por debajo del compromiso establecido en el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC de 72.244 millones €. El apoyo interno en la UE se ha transformado paulatinamente a lo largo del tiempo hacia las medidas “verdes”, tal como observamos en la siguiente gráfica.
Pero ¿Qué está sucediendo en otros países?