Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (PGE-2013), actualmente en el Congreso, se han presentado en el momento económico más crítico de la joven democracia española. Pivotan sobre la pesadilla de la reducción del déficit público para cumplir con las exigencias de nuestros socios europeos y apuntan hacia el “rescate” de la economía española, asfixiada por los 39.000 millones € (+34%) que en 2013 se pagarán en concepto de intereses de la deuda pública.
El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el pasado año 2011 con un déficit público del 9,44% del PIB, muy alejado del 6% comprometido con Bruselas, lo que da una idea de la titánica tarea de reducir el déficit al 6,3% en 2012, al 4,5% en 2013 y al 2,8% en 2014, tal como se ha comprometido España con sus socios europeos.
El Gobierno plantea un escenario macroeconómico muy duro en 2013, con un decrecimiento del PIB del -0,5% y una destrucción de empleo del -0,2%. Se prevé que la demanda nacional se contraiga un -2,9%, frente a un incremento de las exportaciones del 6% y un descenso de las importaciones del -1,5%, es decir, el sostenimiento de la economía española se fía al buen comportamiento del sector exterior y, en concreto, a las exportaciones. La inflación prevista (deflactor del PIB) es del 1,6% y el nivel de deuda pública del conjunto de las Administraciones se situará en el 90,5% del PIB, el nivel más alto de la Democracia.
Para completar el escenario de 2013, resulta imprescindible abordar las previsiones del Gobierno para 2014 y 2015, años en los que se prevé un crecimiento del PIB del 1,2% y del 1,9% respectivamente, con lo que se cerraría este período de depresión económica. Esta futura recuperación se hace descansar fundamentalmente sobre fuertes tasas de crecimiento de las exportaciones españolas (por encima del 7%) y posibilitaría una pequeña mejora de las tasas de desempleo. Por tanto, la clave de la recuperación sería la mejora de la competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en nuestro país.
El presupuesto de gastos del subsector Estado para 2013 asciende a 235.904 millones €, de los cuales las dotaciones no financieras son 162.106 millones € (+6,2%). La distribución económica del gasto de los Ministerios, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal y la aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad muestra una caída del gasto de los Ministerios del –8,9% respecto a 2012. El montante total del gasto de los Ministerios es de 39.721 millones €, lo que deja al Estado reducido y con muy poco margen de maniobra.
En cuanto a las transferencias de la UE, España recibirá el año que viene 5.383 M€ de los fondos estructurales y de cohesión, 1.155 M€ del FEADER y 5.958 M€ del FEAGA. El saldo favorable final para el Estado Español será de 1.384 M€. La mayor parte de los pagos comunitarios se reciben como transferencias agrarias del FEAGA y del FEADER, sumando en total 7.000 millones € anuales, siendo la partida más estable año tras año.
Después de cerrar 2011 con un déficit de 100.000 millones € (9,44% PIB), los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 nos indican que el objetivo de déficit del 6,3% se va a superar ampliamente, quedando por encima del 7%.
La mayor parte del gasto público está bloqueado o comprometido y los ahorros que se han hecho en las partidas ministeriales ya no pueden dar mucho de sí, a pesar de que ello ha conllevado el desmantelamiento de numerosos programas de actuación (como es el caso de los programas del Ministerio de Agricultura). Estamos hablando de un gasto ministerial para 2013 que no llega a 40.000 millones €, destinado a atender a la economía productiva y los servicios esenciales del Estado. El problema de estos ajustes es que los programas destinados a los sectores productivos se han desmantelado. Esta es la base de la política de crecimiento; y solo el incremento del PIB es capaz de hacer frente al círculo vicioso en el que ha entrado la deuda pública española.
Al final, la esperanza de recuperación económica descansa sobre el buen comportamiento previsto para el sector exterior. Ello supondría equilibrar la posición financiera española respecto al resto del mundo y estabilizar el montante total de la deuda externa (pública+privada), lo que no cabe duda que relajaría las actuales tensiones que sufre España en los mercados financieros.
El problema es que estas previsiones dependen de la resolución favorable de numerosas incógnitas en relación al crecimiento de la economía mundial y de la UE en los próximos años, la evolución de los tipos de cambio y la capacidad de los exportadores españoles para seguir incrementando su productividad. Y resultan contradictorias con el abandono que los presupuestos del Estado realizan en relación a los principales sectores productivos de nuestro país.
Por último, señalar el excelente comportamiento de las exportaciones del sector agroalimentario, con un incremento interanual del 8,57% en el mes de junio de 2012.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (PGE-2013), actualmente en el Congreso, se han presentado en el momento económico más crítico de la joven democracia española. Pivotan sobre la pesadilla de la reducción del déficit público para cumplir con las exigencias de nuestros socios europeos y apuntan hacia el “rescate” de la economía española, asfixiada por los 39.000 millones € (+34%) que en 2013 se pagarán en concepto de intereses de la deuda pública.
El conjunto de las Administraciones Públicas cerró el pasado año 2011 con un déficit público del 9,44% del PIB, muy alejado del 6% comprometido con Bruselas, lo que da una idea de la titánica tarea de reducir el déficit al 6,3% en 2012, al 4,5% en 2013 y al 2,8% en 2014, tal como se ha comprometido España con sus socios europeos.
El Gobierno plantea un escenario macroeconómico muy duro en 2013, con un decrecimiento del PIB del -0,5% y una destrucción de empleo del -0,2%. Se prevé que la demanda nacional se contraiga un -2,9%, frente a un incremento de las exportaciones del 6% y un descenso de las importaciones del -1,5%, es decir, el sostenimiento de la economía española se fía al buen comportamiento del sector exterior y, en concreto, a las exportaciones. La inflación prevista (deflactor del PIB) es del 1,6% y el nivel de deuda pública del conjunto de las Administraciones se situará en el 90,5% del PIB, el nivel más alto de la Democracia.
Para completar el escenario de 2013, resulta imprescindible abordar las previsiones del Gobierno para 2014 y 2015, años en los que se prevé un crecimiento del PIB del 1,2% y del 1,9% respectivamente, con lo que se cerraría este período de depresión económica. Esta futura recuperación se hace descansar fundamentalmente sobre fuertes tasas de crecimiento de las exportaciones españolas (por encima del 7%) y posibilitaría una pequeña mejora de las tasas de desempleo. Por tanto, la clave de la recuperación sería la mejora de la competitividad internacional de los bienes y servicios producidos en nuestro país.
El presupuesto de gastos del subsector Estado para 2013 asciende a 235.904 millones €, de los cuales las dotaciones no financieras son 162.106 millones € (+6,2%). La distribución económica del gasto de los Ministerios, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, las aportaciones del Estado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal y la aportación al Mecanismo Europeo de Estabilidad muestra una caída del gasto de los Ministerios del –8,9% respecto a 2012. El montante total del gasto de los Ministerios es de 39.721 millones €, lo que deja al Estado reducido y con muy poco margen de maniobra.
En cuanto a las transferencias de la UE, España recibirá el año que viene 5.383 M€ de los fondos estructurales y de cohesión, 1.155 M€ del FEADER y 5.958 M€ del FEAGA. El saldo favorable final para el Estado Español será de 1.384 M€. La mayor parte de los pagos comunitarios se reciben como transferencias agrarias del FEAGA y del FEADER, sumando en total 7.000 millones € anuales, siendo la partida más estable año tras año.
Después de cerrar 2011 con un déficit de 100.000 millones € (9,44% PIB), los datos de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 nos indican que el objetivo de déficit del 6,3% se va a superar ampliamente, quedando por encima del 7%.
La mayor parte del gasto público está bloqueado o comprometido y los ahorros que se han hecho en las partidas ministeriales ya no pueden dar mucho de sí, a pesar de que ello ha conllevado el desmantelamiento de numerosos programas de actuación (como es el caso de los programas del Ministerio de Agricultura). Estamos hablando de un gasto ministerial para 2013 que no llega a 40.000 millones €, destinado a atender a la economía productiva y los servicios esenciales del Estado. El problema de estos ajustes es que los programas destinados a los sectores productivos se han desmantelado. Esta es la base de la política de crecimiento; y solo el incremento del PIB es capaz de hacer frente al círculo vicioso en el que ha entrado la deuda pública española.
Al final, la esperanza de recuperación económica descansa sobre el buen comportamiento previsto para el sector exterior. Ello supondría equilibrar la posición financiera española respecto al resto del mundo y estabilizar el montante total de la deuda externa (pública+privada), lo que no cabe duda que relajaría las actuales tensiones que sufre España en los mercados financieros.
El problema es que estas previsiones dependen de la resolución favorable de numerosas incógnitas en relación al crecimiento de la economía mundial y de la UE en los próximos años, la evolución de los tipos de cambio y la capacidad de los exportadores españoles para seguir incrementando su productividad. Y resultan contradictorias con el abandono que los presupuestos del Estado realizan en relación a los principales sectores productivos de nuestro país.
Por último, señalar el excelente comportamiento de las exportaciones del sector agroalimentario, con un incremento interanual del 8,57% en el mes de junio de 2012.